El mundo debe subsanar los fracasos inaceptables con respecto a la protección de las personas con discapacidad frente a los desastres

Encuesta mundial de la ONU sobre la preparación de las personas con discapacidad para hacer frente a los desastres revela una grave falta de avances desde el análisis realizado hace una década.

Las personas con discapacidad hacen frente a una alarmante falta de apoyo para lidiar con los desastres, una situación que no ha experimentado ninguna mejora en el último decenio, a pesar de que la frecuencia de los desastres climáticos ha aumentado en todo el mundo. Dicho estancamiento del progreso podría constituir una violación del derecho internacional. Este hecho fue uno de los hallazgos del informe publicado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), en el que se resumen los resultados del estudio mundial sobre las personas con discapacidad y los desastres, el segundo estudio de su clase que se ha realizado hasta la fecha. 

Las personas con discapacidad representan el 16% de la población mundial y, trágicamente, tienen entre el doble y el cuádruple de probabilidades de morir en caso de desastre en comparación con la población en general. El estudio recopiló más de 6.000 respuestas de participantes de 132 países a fin de evaluar el progreso en materia de políticas gubernamentales destinadas a proteger a las personas frente a los desastres. Los resultados se analizan comparándolos con los datos del primer estudio realizado en 2013, y su publicación precede al Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebra el 13 de octubre y se centra en la lucha contra la desigualdad. 

Según este nuevo estudio, se ha progresado muy poco en la inclusión de la discapacidad durante los últimos diez años. No se ha registrado ningún avance notable en ninguna región. Concretamente, en 2023, el 84% de los participantes admitieron no contar con un plan de preparación personal en casos de desastre. Esto incluye, por ejemplo, conocer las rutas de evacuación y los refugios disponibles, así como contar con provisiones de emergencia. En 2013, este porcentaje se situaba en un 71%. 

Cabe mencionar que, según los hallazgos del estudio de 2023, en el caso de que se emitieran alertas tempranas adecuadas, el 39% de los participantes afirmaron que no tendrían ningún problema para evacuar —frente a un 26% si no hubiera un aviso—. Este dato se enmarca en un contexto global en el que la mitad de los países carecen de sistemas de alerta temprana, y recalca la importancia de la labor de la iniciativa de las Naciones Unidas Alertas Tempranas para Todos para ofrecer cobertura a todas las personas del mundo de aquí a 2027. 

“Las pruebas son irrefutables, demuestran una falta de progreso inaceptable que está dejando atrás a un sector de la población. Debemos proteger a las personas con discapacidad ante los desastres, una verdad que ha cobrado mayor urgencia ahora más que nunca debido al aumento de la frecuencia de las catástrofes provocadas por el cambio climático en todo el mundo”, expresó Mami Mizutori, la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Directora de la UNDRR. 

En el informe se reclama una inclusión significativa en los procesos de planificación para la reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario. Actualmente, el 86% de las personas que respondieron a la encuesta manifestaron sentirse excluidos de los procesos de planificación frente a desastres en su comunidad. Este porcentaje se sitúa en el mismo nivel que en 2013, a pesar de que actualmente un mayor número de personas (el 57%) expresaron interés por participar que en 2013 (el 51%).  Únicamente el 11% de los participantes afirmaron tener conocimiento de los planes de gestión de desastres de su zona, una bajada respecto al 17% de 2013. Menos de la mitad de los participantes (el 44%) manifestaron no ser conscientes de la existencia de información sobre riesgos de desastre en formatos accesibles.  

Los países que no cuenten con procesos adecuados para proteger a las personas con discapacidad podrían estar cometiendo una violación del derecho internacional en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se detallan las obligaciones para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad frente a los desastres. Es más, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 exige la inclusión de las personas con discapacidad, la distribución de información sobre riesgos de desastres en formatos accesibles, y el establecimiento de sistemas de alerta temprana que sean accesibles e integrales. 

“Los resultados son alarmantes: estamos fallando a las personas con discapacidad. Los Estados deben estar mejor preparados para defender los derechos de las personas con discapacidad frente a los desastres, lo que incluye facilitarles el acceso a una participación significativa en los procesos de planificación ante desastres y distribuir información en formatos accesibles para todos”, afirmó Gertrude Oforiwa Fefoame, Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. 

“Cuando abandonamos a las personas con discapacidad en situaciones de desastres, en última instancia estamos traicionando nuestro compromiso con no dejar nadie atrás. Todos tenemos derecho a la vida, las personas no somos de usar y tirar. Los gobiernos han de redoblar sus esfuerzos y atender las recomendaciones formuladas; en particular, deben velar por que personas con discapacidad ocupen puestos de liderazgo en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión de desastres. Nada sobre nosotros sin nosotros”, declaró Eddie Ndopu, Defensor Mundial de las Naciones Unidas y activista por los derechos de las personas con discapacidad. 

Este informe brinda ejemplos de las prácticas que se deben ampliar a escala mundial. Por ejemplo, en Jordania existe una línea específica para que las personas sordas puedan informar sobre una emergencia. En Uganda, las personas con discapacidad participan en la formulación de marcos jurídicos sobre la gestión de desastres y la adaptación al cambio climático. En Nueva Gales del Sur (Australia), los proveedores de servicios para las personas con discapacidad determinan cuáles son sus requisitos individuales a fin de integrarlos en los planes de preparación ante emergencias a nivel comunitario. 

“Los datos que revelan esos hallazgos son una llamada de atención que exige medidas inmediatas. El lado bueno es que han aumentado considerablemente la concienciación y los compromisos políticos gracias al Marco de Sendái. Ahora lo que necesitamos es un cambio radical: debemos pasar de las promesas a la acción. Hay vidas en juego”, sentenció Mizutori.